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sábado, julio 13, 2013

RSE lideres con responsabilidad social

Líderes con responsabilidad social

 Con este título, el presidente de RSE Consultoría, Jorge Emilio Sierra Montoya, concluye su libro "Liderazgo con valores –Visión cristiana de la Responsabilidad Social Empresarial-" que acaba de publicar, en formato electrónico, la editorial española "Digital Reasons". De dicho capítulo, reproducimos la parte inicial que relaciona el tema del liderazgo con valores y la RSE, destacando así la necesidad de líderes socialmente responsables para superar la actual crisis mundial en sus diversas manifestaciones (política, económica, cultural, etc.).

Rumbo al Desarrollo Sostenible

 ¿Cuál es –nos preguntamos al iniciar este libro- la solución de fondo a una situación tan crítica, que parece conducir al mundo a la autodestrucción, a la aniquilación de la vida en el planeta por primera vez en la historia de la humanidad, generada por factores como el calentamiento global y la amenaza nuclear, frutos a su vez del modelo de desarrollo industrial adoptado en los últimos siglos? ¿O no hay acaso salida a esa crisis, marchando hacia el abismo sin posibilidad de retorno? ¿Estamos en un oscuro callejón sin salida?

De hecho, es indispensable el cambio en el modelo de desarrollo. No un desarrollo económico a ultranza, al que sólo le interesa el crecimiento de la producción sin importar su justa distribución, ni los terribles efectos que puede causar sobre el planeta, sobre el medio ambiente, sobre la vida humana y los seres vivos en general. Se requiere un nuevo modelo de desarrollo, conocido ahora como Desarrollo Sostenible, basado, como lo dice su nombre, en la sostenibilidad, en que los distintos procesos productivos preserven ante todo el bienestar de las futuras generaciones, no que garanticen su desaparición inminente. Para ello, es preciso disponer de una ciencia con moral, regida por los valores éticos, que permita desarrollar más y más tecnologías limpias para que haya también nuevas empresas, los nuevos negocios ambientales en que ahora insisten autores como Gunter Pauli.

Se requiere, en síntesis, un capitalismo social, donde el mercado actúe con libertad pero con ética, ya no con un espíritu individualista sino con sentimientos de solidaridad, no para enriquecer a unos pocos sino a la inmensa mayoría, erradicando flagelos tan inhumanos como la pobreza, "la peor forma de violencia" al decir de Gandhi. Las circunstancias están dadas para dar ese paso. Por el avanzado progreso científico y tecnológico, en primer lugar; por el mismo progreso económico, obra del capitalismo que descubrió, guiado por la economía y las técnicas sobre administración de empresas, a generar riqueza (el modelo socialista, en cambio, lo destruye); y porque a fin de cuentas, según decíamos arriba, no actuar así sería suicida, estando en juego la vida de cada uno de nosotros. El simple instinto de conservación debe obligarnos a dar marcha atrás, para no caer en el vacío.

El modelo de la RSE

He ahí la responsabilidad social, hoy en boga a lo largo y ancho del planeta. Se habla más, claro está, sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE), pero también dicho concepto se extiende a todas las organizaciones, no sólo a las empresas, si bien éstas son el gran motor de una economía que tiene enorme impacto en las diferentes actividades (políticas, educativas, culturales, religiosas…) y cuyo modelo en tal sentido empieza a ser acogido en otras áreas. En las universidades, por ejemplo, se proclama la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), presentando también, igual que las empresas, reportes de sostenibilidad como los del Global Reporting Initiative –GRI- que ya ofrece una guía para los medios de comunicación o empresas periodísticas, tan reacios por naturaleza a tales mediciones que coartan, según sus críticos, la muy sagrada libertad de prensa, similar a la libertad de cátedra en los centros educativos.

Pero, la Iglesia Católica, cuya Doctrina Social es uno de los antecedentes directos de la RSE moderna, ha formulado serios cuestionamientos a una responsabilidad social que sea sólo formal, instrumental, técnica, sin tocar la conciencia de las personas, sus valores éticos y su conducta en la familia, la empresa, la universidad o la organización social en que se encuentren, según lo planteó tácitamente el Papa Benedicto XVI en su encíclica "Caritas in Veritate". Este criterio, a propósito, es acogido por los expertos en el tema al afirmar que no puede haber auténtica responsabilidad social empresarial sin que haya primero responsabilidad social individual, de cada individuo y, en el caso de las empresas, de cada uno de sus empleados y trabajadores, así como de los miembros de sus grupos de interés tanto internos como externos (consumidores, proveedores, acreedores, etc.). Todos debemos ser socialmente responsables, comenzando por los propios empresarios, directivos o líderes en las empresas y demás organizaciones sociales.

El cambio personal es definitivo. Es una especie de conversión, como la que vimos en el plano espiritual, religioso. Que se materializa en líderes con responsabilidad social, con valores éticos y también con un sentido trascendente, guiados siempre por la mano divina, sin la cual no puede haber una verdadera responsabilidad social de acuerdo con el mencionado planteamiento del Papa y la correspondiente Doctrina Social de la Iglesia. Tal es nuestra más honda convicción, aunque respetamos opiniones distintas, respeto que también esperamos recibir de los demás con relación a nuestras creencias.

Tan válido es lo anterior que el decálogo por excelencia de la RSE en el mundo entero es el Pacto Global de las Naciones Unidas, acordado por los países miembros de esta organización para garantizar el pleno ejercicio de la responsabilidad social de las empresas en el propósito de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocidos (desde la pasada Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro, Río+20) como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por iniciativa del gobierno colombiano. Ese Pacto, como se sabe, incluye mandatos sobre derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción, cuyo punto en común es la ética global que varios pensadores han promovido en los últimos años, precisamente para que los valores morales, comunes a todas los pueblos al margen de sus creencias religiosas, sean la tabla de salvación ante la crisis universal que está a punto de destruir la vida en el planeta.

Ética y Buen Gobierno 

De ahí los códigos de ética y de buen gobierno corporativo, que son la puerta de entrada a la RSE, concebida como una estrategia para generar valor a partir del plan estratégico de las organizaciones, integrándola de lleno a su misión y su visión. La ética, pues, no está ni mucho menos pasada de moda. Está más vigente que nunca. Lo está en las empresas, donde la corrupción ha desatado profundas crisis financieras globales en los últimos años; en los gobiernos y entre los políticos, cuyas actuaciones indebidas empiezan a ser castigadas de manera implacable por las mismas comunidades a la hora de votar; y hasta en las familias, cuya desintegración hace volar en pedazos las estructuras sociales, por sólidas que sean en apariencia.  

Y, como tanto hemos dicho, los valores éticos deben ser vividos por las personas, quienes en consecuencia han de tener responsabilidad social, factor clave en la actualidad para alcanzar el liderazgo. Sin responsabilidad social no puede haber auténticos líderes en el gobierno o la política, las empresas o los centros educativos, las fundaciones y otras organizaciones de carácter no gubernamental. Sólo líderes así, con responsabilidad social (como debemos ser todos los ciudadanos, en especial quienes nos decimos cristianos), podremos superar las críticas circunstancias del momento para crear condiciones favorables a la conquista de la paz y la felicidad.

Fuente:rseconsultoria

Saludos
Rodrigo González Fernández
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Fallo de La Haya pasa a la recta final de la campaña

En el gobierno inquieta la posibilidad de que el fallo marque la campaña presidencial, luego de que la corte aplazara el veredicto para el último trimestre de este año. La Moneda decidió convocar a una reunión a los candidatos para dar una señal de unidad frente al juicio. En La Haya se habría hecho saber que Chile esperaba una resolución para este mes.

por Francisco Artaza
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JUAN MARTABIT SCAFF se sobresaltó el miércoles pasado cuando escuchó en el intercomunicador la voz de su secretaria. "Embajador, es de la corte", le dijo. El diplomático chileno en los Países Bajos y coagente ante el Tribunal Internacional de La Haya en el litigio presentado por Perú contra Chile cogió de inmediato el teléfono de su oficina, en el segundo piso de la casa ubicada en el 2154 de la calle Mauritskade 51, en La Haya. "Por encargo del presidente de la corte, le aviso que el fallo no saldrá en el mes de julio", fue el breve mensaje que le transmitió el secretario del tribunal, el belga Philippe Couvreur, pasadas las 17 horas (11 horas en Chile).

Apenas un par de minutos antes, el funcionario judicial había llamado al agente peruano, Allan Wagner. Con las mismas palabras, le informó la postergación del veredicto de los jueces para después del receso de vacaciones por el verano boreal, que va desde el 21 de julio hasta fines de agosto. No era lo que esperaba oír el gobierno de Ollanta Humala, cuya popularidad cayó 10 puntos en los últimos dos meses. La noticia la transmitió de inmediato a Lima, pero se encontró con una sorpresa. En ese momento, la canciller Eda Rivas estaba en el Cementerio Presbítero Matías Maestro, el más antiguo y tradicional de Lima, en el sepelio de Marcela Temple, esposa del ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar. En el funeral estaban presentes casi todo el cuerpo diplomático peruano y gran parte de la dirigencia política limeña.

Rivas tenía su celular apagado, no así el vicecanciller Fernando Rojas, quien estaba a su lado. Diplomáticos peruanos relatan que Rojas recibió varios llamados y le pasó la información a la ministra. Ya de vuelta en Torre Tagle se reunieron con algunos asesores para analizar el tema.

El gesto de la corte era, a lo menos, inusual. Por reglamento, el tribunal avisa a las partes en litigio la fecha en que será leída la sentencia sólo después de concluidas las deliberaciones del caso. Lo hace con siete a 12 días de anticipación, para permitir a los países tomar algunas medidas de preparación. Lo que pasó esta semana escapó a esa regla. "No es una comunicación formal que la corte nos ha enviado a los agentes. Es una información que la corte nos da como una cortesía, sabiendo que hay expectativa en ambos países", aclararía Wagner.

Según una versión de diplomáticos chilenos, por canales informales, tanto Santiago como Lima habían hecho ver a la corte el interés de ambos países de que, en lo posible, el fallo se diera a conocer antes del receso por vacaciones, el 21 de julio. La preocupación apuntaba a que el veredicto fuera dado a conocer poco antes de las elecciones presidenciales chilenas del 17 de noviembre, con el riesgo de una mayor politización del resultado del litigio. "El tribunal tomó nota del interés manifestado por las partes", añaden los mismos personeros.

En las cancillerías de Chile y Perú no confirman esta versión, pero admiten que durante la semana pasada -y el lunes 8, por la mañana- tanto Martabit como Wagner asistieron a la corte a presenciar las audiencias entre Australia y Japón por el juicio por la caza de ballenas, con la esperanza de obtener algún indicio de lo que estaba pasando en la deliberación por la demanda de los límites marítimos.

Las visitas al tribunal se intensificaron luego de que a inicios de este mes se conociera que habían sido convocados a La Haya los jueces ad hoc de Chile y Perú, Francisco Orrego Vicuña y Gilbert Guillaume, respectivamente. Para los equipos jurídicos que siguen el caso, se trataba de una señal de que los magistrados deliberarían en torno al caso.

En Santiago, la información llegó con la misma velocidad. El embajador Martabit se comunicó con el canciller Alfredo Moreno y con el agente Alberto van Klaveren. Los diplomáticos se reunirían en la tarde del mismo día, por más de una hora, para ver posibles escenarios. En RR.EE. y en La Moneda les preocupaba que el fallo se aproximara a la fecha de las elecciones presidenciales, cuando es posible esperar una mayor polarización política. Así se había analizado. "A medida que se acercan las elecciones hay mayor riesgo de que aparezcan personas dispuestas a usar el tema de La Haya como arma política", señalan altas fuentes de gobierno.

Prueba de esta inquietud es que el fallo de La Haya y su repercusión interna fue tratado en los comités políticos de La Moneda del jueves 20 de junio, el jueves 27 del mismo mes y el lunes recién pasado. Bajar las expectativas, concentrar las vocerías en el canciller, dar señales claras a Perú de que el dictamen se va a respetar y que se debe cuidar la relación bilateral fueron algunas de las definiciones que se reiteraron en las reuniones. Sobre la mesa estuvo la confianza en torno a los argumentos jurídicos chilenos.

En el gobierno también se acordó convocar a una reunión a todos los candidatos presidenciales, incluida Michelle Bachelet, con el fin de dar una señal de unidad frente al fallo de La Haya. Con el mismo fin se invitará a los ex presidentes. La fecha de estas reuniones no ha sido precisada, pues la idea es hacerlas poco antes de la lectura del dictamen.

En el Ejecutivo estiman que es poco probable que tras el fallo surjan críticas a la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera llevó adelante la defensa jurídica de Chile, en el caso de que el veredicto no sea favorable. Los análisis apuntan a que -en un escenario hipotético- las responsabilidades son compartidas por igual entre la administración de Piñera y Bachelet: en el gobierno de la candidata del pacto Nueva Mayoría se redactaron la contramemoria y la dúplica, los dos textos que sostienen la defensa.

Otra cosa distinta es el debate sobre el manejo político de las relaciones con Perú y la decisión de acoger la estrategia de "cuerdas separadas" presentada por Perú, tesis a la que suscribió Piñera y que, en la práctica, implica encapsular el litigio en la corte para no contaminar la relación bilateral. Sobre este punto, se hicieron sentir esta semana voces críticas en la oposición. "El gobierno decidió hacer este sistema de 'cuerdas separadas' y eso nos puede repercutir más adelante, porque la sensación que damos es que Chile considera poco grave lo que sucedió y que las cosas estuvieran perfectamente bien con quien nos demandó", dijo el miércoles el ex canciller de Bachelet, Mariano Fernández.

En la misma línea, el ex subsecretario de Defensa de Ricardo Lagos, Gabriel Gaspar, escribió a inicios de semana una columna bajo el título "Los errores ante La Haya". "El derecho nos da plena razón, pero si hemos dado tantas señales de 'abuenamiento', estamos emitiendo señales en pro de un juicio salomónico (...). La política de minimizar las consecuencias de la demanda y reducirlo todo a un entendimiento económico, junto a todas las señales que en los últimos años se han enviado a Lima y a la corte, a la larga resultaría funesto a nuestro interés, porque instalan la tesis de la equidad en detrimento de la vigencia del derecho".

La Moneda respondió el jueves en duros términos a las declaraciones del ex canciller Fernández, lo que fue interpretado como un intento de bloquear una controversia antes de que se conozca la resolución de los jueces. "Esas declaraciones constituyen un hecho total y completamente excepcional, anormal, y esperamos que puedan ser rectificadas prontamente", señaló el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Tras el anuncio de la corte, no existe claridad sobre la fecha exacta en que podría darse a conocer el veredicto. Los jueces retoman su labor en septiembre, pero existen problemas de su agenda que podrían dilatar el fallo. La primera quincena de ese mes, algunos magistrados viajarán a Tokio, al seminario bianual del Instituto de Derecho Internacional, que encabeza el ex presidente y miembro de la corte, el japonés Hisashi Owada.

Un eventual fallo para septiembre genera otros escenarios que no estaban previstos. No sólo porque calzan con las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile. Entre el 21 y el 25 de ese mes está previsto un encuentro de los presidentes Piñera y Ollanta Humala en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Los mandatarios encabezarán junto a sus pares de México y Colombia un seminario para dar a conocer la Alianza del Pacífico a inversionistas extranjeros. Se espera que en esta cita alcancen a firmar también un acuerdo de arancel cero para el intercambio de bienes entre los países de la alianza. En La Moneda están conscientes de la complejidad que puede tener este encuentro, en medio de la repercusión pública por los efectos del fallo.

En paralelo, el gobierno ha observado con atención lo ocurrido con Colombia tras la sentencia de La Haya del 16 de noviembre pasado, en el juicio con Nicaragua por los límites marítimos en el mar Caribe y la soberanía de las islas en el cayo de San Andrés.

Ese día, las autoridades colombianas se apresuraron en celebrar la resolución de la corte, al ver que se ratificaba la soberanía de las islas, sin esperar la lectura íntegra del fallo. Pero luego, cuando el tribunal le dio la razón a Nicaragua sobre la inexistencia de un tratado de límites marítimos, la alegría del gobierno del Presidente José Manuel Santos se transformó en sorpresa y después en desconcierto a medida que se comprendían las implicancias que tenía la sentencia, la misma que le daba a Managua la soberanía sobre un porcentaje significativo del mar Caribe que estaba bajo control colombiano.

Ocho meses después del fallo, Bogotá todavía enfrenta problemas para la ejecución de la sentencia.

La idea de La Moneda y la Cancillería pasa por no repetir los errores comunicacionales de Bogotá, más allá de cuál sea el resultado del veredicto en el diferendo con Perú, por lo que ya existe un diseño que se implementará el día del fallo: la primera reacción será breve, casi técnica, y estará en manos del agente Alberto van Klaveren, desde La Haya. El resto de las autoridades sólo se pronunciarán una vez que se analicen todas las implicancias y consecuencias de la sentencia.

Con la postergación del veredicto, la incertidumbre ha crecido y con ella la tensión al interior de los dos países. El miércoles, los cancilleres Moreno y Rivas instaron por separado a esperar el dictamen de los jueces "con tranquilidad y sin triunfalismo", evitando especulaciones.

En el gobierno chileno no han caído bien las continuas referencias de Perú respecto de una inmediata ejecución del dictamen. "Después del fallo de La Haya debe venir inmediatamente su acatamiento y ejecución, y esa ejecución debe ser transparente, de tal manera que podamos iniciar un nuevo capítulo de las relaciones peruano-chilenas a futuro", dijo el lunes el Presidente Ollanta Humala, en una entrevista a una radio limeña.

En junio, las autoridades limeñas comentaban que se habían conformado comisiones en Chile y en Lima para preparar la rápida ejecución del fallo. La información fue desmentida por el gobierno chileno.

En Santiago, las autoridades prefieren actuar con cautela respecto del tema. Chile ha reiterado que acatará el fallo y ha admitido que tendrá validez desde el momento en que se dicte. Pero otra cosa diferente es su materialización, la que podría tardar algún tiempo, dependiendo de la complejidad del dictamen y las leyes o normas que deban ser modificadas.

Detrás de la cautela sobre la ejecución del fallo, señalan fuentes de La Moneda, también existen razones de estrategia jurídica. Según esa tesis, Chile no puede comprometerse a una ejecución inmediata del dictamen, porque de esta manera se estaría renunciando de antemano a recursos legales que la propia corte establece, como son los de aclaración y revisión de la sentencia. El primero se puede presentar hasta seis meses después de conocido el veredicto y requiere una discrepancia de interpretación legal. El segundo no tiene un plazo para interponerse, pero es muy excepcional, y pasa por demostrar la existencia de una prueba totalmente desconocida, que sea determinante para el fallo y que no haya sido dada a conocer por una situación de negligencia.

Así, pese a la confianza en torno a los argumentos de la defensa chilena, el gobierno ha preparado diversos diseños comunicacionales y jurídicos para enfrentar todos los escenarios del fallo. Desde los más optimistas a los más negativos.

Fuente:latercera

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SEGÚN INFORME COMMUNICATIONS OUTLOOK 2013

Chile tiene el mayor cargo de acceso móvil de los países OCDE

El valor es 3,2 veces más alto que el promedio de los países que integran el organismo, señala el estudio.

Chile tiene el mayor cargo de acceso móvil de los países OCDE

Saltos importantes en materias de acceso e inversiones en telecomunicaciones, pero una deuda en el valor de los cargos de acceso a la telefonía móvil. 

Esa es la mirada panorámica sobre Chile y el sector de las telecomunicaciones, de acuerdo al estudio de la OCDE "Communications Outlook 2013". En él se señala que Chile es el país con la mayor tarifa en cargo de acceso móvil de los países OCDE, con un valor que equivale a 3,2 veces por sobre el promedio del resto de los países integrantes de la organización. 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) indicó que esto concuerda con lo que ellos han planteado "en torno la necesidad de reducir los niveles de cargos de acceso móviles fijados hace cinco años, para que reflejen la real estructura de costo de la industria en la actualidad". 

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, dijo que "los altos cargos de acceso siguen siendo una de las mayores barreras competitivas de esta industria. (...) Estamos trabajando para que la fijación tarifaria en curso refleje con rigor técnico los niveles adecuados de cargos de acceso, conforme a la estructura de costos de las redes y se establezcan tarifas competitivas y transparentes para los usuarios".

Por otro lado, el estudio revela que Chile se acerca de forma acelerada al promedio de la organización en materia de inversión per cápita en telecomunicaciones y accesos totales a servicios de telefonía e Internet, con saltos destacados entre 2009 y 2011. En materia de inversión, Chile avanzó 13 lugares en el ranking OCDE, pasando del puesto 28 al 15. De esta forma, la inversión per cápita pasó de US$ 82 a US$ 139, muy cerca del promedio OCDE de US$ 152, lo que representa un crecimiento de 70% entre 2009 y 2011, el mayor de todos los países miembros de la OCDE en el mismo período. Y en el área de acceso a servicios de voz e internet, fijos y móviles, Chile pasó de 106 accesos por cada 100 habitantes a 141,3 accesos por cada 100 habitantes, un crecimiento de 32% que nos acerca al promedio OCDE de 167 accesos por cada 100 habitantes. 

Sobre estos puntos el secretario de Estado destacó que se "está acortando la brecha con los países más desarrollados. Estamos muy cerca de los promedios OCDE en inversiones y acceso, con saltos notables en los últimos años" y agregó que "sólo en materia de Internet, las cifras de la CEPAL muestran que Chile ha reducido el valor de mega en 81% entre 2010 y 2012, pero aún falta para llegar a los niveles que queremos (...) Ahora la clave está en despejar las variables donde aún estamos bajo el promedio, como cargos de acceso móviles y despliegue de redes", dijo.

Fuente:

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sustentabilidad:

Sustentabilidad: Lo que los candidatos debieran tener en cuenta

12 de julio de 2013 - 00:00 | Por:  | 1   comentarios
desarrollo suste

El desafío para el mundo político es superar la lógica de la promesa efectista, no desatendiendo las tareas urgentes y, a la vez, asumiendo la responsabilidad de hacerse cargo de la "agenda larga", aquella de "baja rentabilidad electoral de corto plazo", y que requiere de una mayor y mejor participación de los ciudadanos.

Hace unos días, el economista norteamericano Jeffrey Sachs señaló,  ante una concurrida CasaPiedra, que"si seguimos un camino hacia el desarrollo sustentable, también seguiremos el camino hacia la felicidad". Es verdad: en una primera lectura parece ser otro de los tantos eslóganes dulzones a los que nos tienen acostumbrados connotados conferencistas internacionales. Pero por otro lado  reafirma,  que en todo el mundo se está reclamando un cambio a la mirada de  cómo los países  y sus ciudadanos prosperan.

 El desarrollo sustentable apunta no sólo al resguardo de lo económico sino a que exista un equilibrio también en las dimensiones social y ambiental, en un crecimiento más sano y armonioso. Es decir, no es rentable que una economía avance de manera segura si en su recorrido van quedando cabos sueltos, una naturaleza depredada  y una población desencantada. Tomar este camino es, sin duda, una decisión política.

En esa mirada, quienes ponemos foco en el desarrollo sustentable, tenemos algunas peticiones a quienes aspiran a gobernar Chile.

En primer lugar, nos haría muy bien que los programas de gobierno salgan de la mirada exitista de los buenos promedios. En la presentación aludida, el estadounidense destacaba la paradoja de nuestro país:altos indicadores de crecimiento y uno de los más altos niveles de desigualdad del mundo.  Chile lidera en crecimiento de ingresos durante el período 2007-2010 entre los miembros de la OCDE, mientras el 90% de la población promedia los US$4.800 al año: un nivel material de vida parecido al de países sumidos en el subdesarrollo.

Como consecuencia, esa alta desigualdad  contribuye a que se genere también una fuerte desconfianza hacia las organizaciones públicas y privadas en general y también entre los propios ciudadanos de a pie, entre los vecinos, hacia el jefe, al subalterno, hacia el vendedor o el comprador. La confianza importa mucho en la calidad de vida de las personas y entrega el mejor escenario para que también los negocios sean de calidad.

 Lo segundo que les pedimos es una mirada integradora. A cuatro meses de las elecciones presidenciales, aún cuesta encontrar en las propuestas programáticas de los candidatos una  propuesta que integre las tres dimensiones de la sustentabilidad. Pareciera ser que estamos acostumbrados a resolver las problemáticas separando lo social de lo medioambiental, lo económico de lo social;  en fin, cuesta entender que muchas veces se trata de escenarios indivisibles.

Por último, en nombre de la sustentabilidad pedimos una auténtica participación: que las propuestas hayan sido construidas escuchando las voces de amplios grupos de interés. La política chilena, para ser justos no sólo la nuestra, ha pecado de un paternalismo que no da espacio a escuchar y acoger las opiniones, inquietudes y necesidades de quienes no forman parte de esta élite. Los programas de gobierno suelen responder desde las soluciones sin incorporar la participación de la ciudadanía en su construcción.

Desde Acción RSE, hemos visto cómo el mundo empresarial, muchas veces tras duros tropiezos, ha aprendido o está aprendiendo a dialogar con sus comunidades, cambiando su rol histórico de proveedor de recursos y soluciones, a uno en que da espacio al valor de lo que las propias comunidades tienen para entregar. Y es parte de lo que la ciudadanía está exigiendo: ser visto, ser reconocido, ser respetado y, por supuesto, ser escuchado.

El desafío para el mundo político es superar la lógica de la promesa efectista, no desatendiendo las tareas urgentes y, a la vez,  asumiendo la responsabilidad de hacerse cargo de la "agenda larga", aquella de "baja rentabilidad electoral de corto plazo", y que requiere de una mayor y mejor participación de los ciudadanos.




Fuente:eldinamo

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energia solar

Precios en la generación de energía solar igualan a los de la red eléctrica en Chile

"En Copiapó, para un precio de energía comprada a la distribuidora que asciende a unos $115 kWh, el precio resultante de una instalación fotovoltaica podría ser tan bajo como $100 kWh", sostiene el director ejecutivo de Acera.

SANTIAGO.- La generación de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos se utiliza hace varios años en el norte de Chile y en algunas zonas aisladas donde no llegan las redes de distribución, por lo tanto, es la única manera de obtener electricidad, según los expertos.


Un estudio llamado "PV Grid Parity Monitor", realizado para el sector residencial por la consultora Eclareon, señala que los precios de la generación de energía fotovoltaica en hogares continúan su tendencia a la baja y alcanzan una paridad respecto a la red eléctrica.


De acuerdo al informe, en la ciudad de Copiapó -una de las dos ciudades chilenas analizadas- la paridad de red ya ha sido alcanzada y se pueden esperar mayores reducciones de los costos de la energía solar, en la medida que el mercado de proveedores de ésta madure al aumentar su volumen.


En cuanto a Santiago, la paridad es parcial, ya que las tarifas son competitivas sólo en época de invierno; a diferencia de la ciudad nortina, donde los precios de la energía solar son menores tanto en invierno como en verano.


"En la zona de Copiapó, para un precio de energía comprada a la distribuidora que asciende a unos $115 kWh, el precio resultante de una instalación fotovoltaica podría ser tan bajo como $100 kWh", señala Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera).


"Esto significa que los consumidores finales domiciliarios, tienen ahora la oportunidad de sustituir parte de su demanda eléctrica por energía proveniente de un sistema propio de generación fotovoltaica.  El beneficio para el país proviene del efecto de una eventual masificación de este tipo de tecnología será aliviar los flujos de energía por las redes de distribución, permitiendo así postergar inversiones", explica Finat.


El futuro de la energía solar


El estudio pone de manifiesto que en el segmento residencial la tecnología fotovoltaica ya es competitiva frente a los precios minoristas de electricidad en Chile y otros países como España, Italia, Australia y México.


Sin embargo, indica que para que el mercado fotovoltaico de auto-consumo pueda desarrollarse, es necesario reducir las barreras administrativas y crear o mejorar los mecanismos de regulación, como, por ejemplo, las regulaciones de balance neto, para permitir a los "auto-consumidores" verter a la red su excedente de energía en condiciones atractivas.


Respecto al futuro de la energía fotovoltaica en nuestro país, el director ejecutivo dice que "es difícil hacer una proyección en este momento, especialmente por cuanto el reglamento de la ley que habilitó la alternativa de generación domiciliaria aún no ha sido publicado.  Si ese reglamento no establece un mecanismo de conexión expedito, se puede convertir en una barrera que impida un desarrollo masivo de esta forma de generación de energía".

Por Marisel Muñoz Brand, Emol
Sábado, 13 de Julio de 2013, 12:35
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Fuente:emol

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