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domingo, mayo 08, 2011

DEFENSOR DEL PUEBLO, PERU: Defensoría del Pueblo reitera llamado al Congreso para que apruebe ley de Consulta


Defensoría del Pueblo reitera llamado al Congreso para que apruebe ley de Consulta
 
  • Lima, may. 07 (ANDINA). El defensor del Pueblo interino, Eduardo Vega, reiteró su llamado al Congreso para que apruebe la autógrafa de la Ley del derecho a la consulta, ya que lleva nueve meses esperando ser tratado por la representación parlamentaria.

    Señaló que el texto, que fue devuelto al Parlamento tras ser observado por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado, debe ser aprobado considerando los importantes consensos alcanzados, en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

    Mediante un oficio enviado al titular del Parlamento, César Zumaeta, la Defensoría del Pueblo advirtió que han pasado nueve meses desde que los dictámenes de la referida ley están listos para su debate en el pleno del Congreso.

    Sin embargo, hasta la fecha, dicho procedimiento no se ha producido, generándose, a juicio de la institución, una situación que no contribuye a construir una relación de confianza entre los pueblos indígenas y el Estado.

    Por su parte, el defensor Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Iván Lanegra, señaló que la referida ley tiene por objetivo generar condiciones para la implementación del derecho a la consulta, brindando un marco claro y ordenado para los distintos sectores involucrados.

    Mientras que la Jefa del Programa de Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, indicó que las organizaciones indígenas andinas y amazónicas solicitan permanentemente la aprobación del texto por considerarlo de vital importancia para la defensa de sus derechos.

    (FIN) CVC/GCO

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Será lanzado oficialmente el próximo jueves 12 de mayo:

Será lanzado oficialmente el próximo jueves 12 de mayo:
Los artículos clave del nuevo Código de Ética del Colegio de Abogados


La nueva normativa que será presentada esta semana establece que los documentos entregados por los clientes son parte del secreto profesional y que los abogados deben abstenerse de representar a sus familiares, entre otros. Para el presidente del gremio, Enrique Barros, el nuevo Código previene los conflictos éticos del siglo XXI.  

Pamela Ohlbaum Toledo 

"La mayor cantidad de problemas éticos se han presentado en casos que tienen que ver con la probidad, la honestidad del abogado con su cliente, y situaciones más límites como conflictos de interés", dice el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, respecto a los conflictos éticos que se han presentado ante el organismo. Muchos de ellos quedaban fuera del Código de Ética que data de 1948, pero están considerados en la nueva normativa que presentará el próximo jueves 12 de mayo, y que comenzará a regir a partir de agosto de 2011.

Entre esos casos que marcaron los conflictos éticos en los últimos años, el presidente del gremio destaca el enfrentamiento de los intereses de los diversos clientes de un profesional, órdenes de incautación de documentos en los que se ha discutido si éstos están resguardados por el secreto profesional, y otros en que se cuestiona la independencia del abogado, como aquellos en que el profesional es familiar o cónyuge de su representado.

El nuevo Código de Ética considera por primera vez la práctica diaria de abogados en contextos tan diversos como el sistema público, las empresas privadas, o grandes estudios de abogados, que quedan fuera del reglamento que regirá hasta el jueves, el que, inspirado en la realidad de Estados Unidos en 1908, contempla a los profesionales de principios de siglo que ejercían, en su mayoría, en los tribunales de justicia. "El nuevo código mantiene el espíritu clásico de la abogacía, tiene los mismos principios que el anterior, pero se han precisado hipótesis, de modo que la ética se concretiza en situaciones específicas", explica Barros.

Las modificaciones: un nuevo Tribunal Ético y normas inspiradas en casos prácticos

Tres años tomó el proceso de redactar la carta que inspira a las buenas prácticas de los abogados. Durante ese período, un grupo de profesionales revisó la experiencia de países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y España, y acotó las situaciones en que debe imperar el ejercicio ético de la profesión. Entre ellas, se establecen artículos en los que se señala que el cargo de parlamentario "es incompatible con el ejercicio de la profesión de abogado", o que el profesional que se retire de un organismo público, "no podrá intervenir en asunto alguno del cual conoció en el ejercicio de sus funciones".

Tiempo después, los 19 consejeros del Colegio revisaron las hipótesis en las que se pueden producir conflictos éticos, como de interés o de secreto profesional. También, las situaciones concretas en las que el Colegio se ha hecho parte, como fue la incautación de los documentos del abogado canónico del sacerdote Karadima, Juan Pablo Bulnes, en abril pasado, o una situación similar ocurrida en 2008 en un estudio de abogados en la Región de La Araucanía. "El secreto profesional es una prerrogativa del abogado, si no, no podría existir el debido proceso. Es un derecho protegido, y los conflictos plantean un problema de principios", dice el presidente del gremio.

Entre otros casos emblemáticos, se cuenta el de abogados que se han desempeñado como funcionarios públicos. "¿Pueden pasar a ejercer funciones de la misma materia en otro organismo? Tampoco podemos ser excesivos, porque la intención no es que se pierdan los conocimientos adquiridos", plantea Barros.

El Código no será el único cambio que recibirán los abogados. A diferencia del documento de 1948, éste será revisado cada ciertos años para adecuarlo constantemente a la realidad de la profesión. Además, se modificará el proceso de investigación de los reclamos de conflictos éticos presentados ante el Colegio, a través de la creación de un Tribunal Ético que permita separar la función de investigación de la del juicio, que hoy pueden ser realizadas por un mismo profesional.

Aunque el documento sólo regirá para los profesionales que estén colegiados, la intención del organismo es ir más allá y extenderlo a todos los profesionales. "Esperamos que se transforme en un Código laboral, una ley que considere a todos los abogados", señala Barros, quien ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Justicia al respecto.

Extensión del derecho al secreto profesional, a los documentos y demás soportes que contengan información confidencialLas reglas de este párrafo se extienden en iguales términos a la orden o requerimiento por la ley o la autoridad competente de incautar, registrar, entregar o exhibir documentos u otros soportes físicos, electrónicos o de cualquiera naturaleza que contengan información sujeta a confidencialidad. La regla se extiende a la información producida por el abogado con carácter de confidencial, sea que se encuentre en su poder o en el de su cliente.Sección primera, título IV, artículo 64.

El cargo parlamentario es incompatiblecon el ejercicio de la profesión de abogadoEn consecuencia, el abogado que ejerza el cargo de parlamentario no podrá asumir el patrocinio ni la representación de intereses ante los tribunales de justicia, aun en caso de recaer la causa en una materia de interés público. Tampoco podrá intervenir como asesor o representante de intereses de un cliente en materias no litigiosas, ni desempeñarse como árbitro.El abogado parlamentario sólo podrá participar como socio o colaborador de un estudio de abogados en forma pasiva. En tal caso, deberá abstenerse de participar en la discusión o aprobación parlamentaria de toda materia que pueda tener un efecto directo en los intereses de un cliente del estudio de abogados al que pertenece.Sección segunda, título I, artículo 66.

Abogado que se retira de un organismo público no podrá intervenir en asunto alguno del cual conoció en el ejercicio de sus funciones.Tampoco podrá patrocinar ni representar en juicio intereses coincidentes o contrapuestos con el mismo organismo público por el lapso de un año con posterioridad a su retiro.Para este efecto, se entenderá como 'organismo público' el respectivo órgano o servicio de la Administración del Estado o de la Fiscalía Regional del Ministerio Público en cuyo ámbito de competencia el abogado haya ejercido sus funciones y los que dependan directamente de aquel.Sección segunda, título I, artículo 69.

Declaraciones prohibidassobre procesos pendientesEl abogado que participa o ha participado en un proceso pendiente, o en una investigación a él conducente, debe abstenerse de formular declaraciones o entregar información fuera de la investigación o proceso cuando dichas declaraciones o información puedan afectar seriamente la imparcialidad en la conducción de la investigación o en la decisión del asunto.Falta gravemente a la ética profesional quien infrinja esta regla valiéndose de otra persona o con reserva de identidad.Sección tercera, título III, artículo 101.

Inhabilidad del familiar abogadoCuando un abogado se encuentra vinculado a otro abogado como cónyuge, conviviente, hijo o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, estará inhabilitado para representar en una negociación o litigio a un cliente cuya contraparte sea representada por el abogado con quien tenga dicha relación.Sin embargo, esta inhabilidad no se extenderá a los demás abogados de la firma con los que cada uno de ellos se encontrare asociado.Sección tercera, capítulo V, artículo 89.

Abogados directores de una sociedad deberán diferenciar su función profesional de la de directorEl abogado de una sociedad que se desempeñe además como su director cuidará de diferenciar ante el directorio y los ejecutivos de la sociedad su actividad profesional de la función de director.(...) Si los deberes profesionales para con la sociedad entraren en conflicto con los deberes legales como director, el abogado arbitrará los medios razonables para resolverlo, sea terminando con una de las dos funciones, sea requiriendo del directorio que se solicite una opinión legal independiente, sea por otro medio equivalente.Sección quinta, artículo 118

Fuente:emol

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Piñera acusa a la Concertación de intentar hacer una "zancadilla" al gobierno

Piñera acusa a la Concertación de intentar hacer una "zancadilla" al gobierno

El Presidente desayunó con un grupo de futuras mamás de Conchalí, en el Día de la Madre, donde instó a los parlamentarios opositores a aprobar proyectos de posnatal y 7%.

08/05/2011 - 11:55

Hasta la comuna de Conchalí llegó esta mañana el Presidente Sebastián Piñera para celebrar el Día de la Madre junto a un grupo de mujeres embarazadas.

Tras un desayuno, en el que también participó la primera dama Cecilia Morel, el Mandatario acusó a parlamentarios de la Concertación de tratar de hacer "una zancadilla" al gobierno por advertir un posible rechazo al proyecto que extiende el posnatal a seis meses, y el que elimina el 7% de descuento por salud a los jubilados.

"Hago un llamado desde el fondo del corazón a los parlamentarios que amenazan con rechazar el posnatal y la eliminación del descuento del 7%. Creo que hay un límite en la vida, y castigar a las madres y pensionados de nuestro país por tratar de hacer una zancadilla al gobierno me parece no sólo inaceptable sino además no es inteligente porque la gente no se los va a perdonar", dijo Piñera.

"Les pido una vez más que nos ayuden a sacar adelante nuestra agenda social, que nos ayuden a sacar adelante el posnatal de seis meses, a expandir el posnatal a madres más vulnerables que hoy día no tienen ningún derecho", agregó el Mandatario.

En la actividad también estuvo el senador RN Alberto Espina, los diputados Patricio Melero y Karla Rubilar, el alcalde de Conchalí, Rubén Malvoa.


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la manera de hacer politica cambió

GOBIERNO DEBE TOMAR L NUEVA FORMA DE HACER POLITICA , LA POLITICA 2.0
Si fuésemos todos conscientes y responsables  habrían muchos buenos gobiernos y muchas buenas oposiciones. No es el caso de Chile actual.

La Política cambio. Hoy es la lucha del gobierno  contra la oposición y vice versa.

LA MANERA DE HACER POLITICA CAMBIÓ. Hoy la política debe ser 2.0 y por lo tanto el marketing político también debe serlo. Hoy el gobierno requiere un marketing político 2.0 tendiente a hacer la diferencia con el opositor que solo busca su destrucción y fracaso.

De seguir las cosas como se están llevando ni unos ni otros van a ver plasmados sus programas en un próximo gobierno.

En consecuencia , el gobierno debe actuar en  forma tal que le permita avanzar y proyectar su obra , usar las herramientas que le da el sistema, la sociedad y el mundo de la nueva política  y la posición ser más realista y pragmática de manera que también pueda proyectar al futuro y no  ser  condenada por el pueblo.


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REFORMAS LABORALES Y LOBBYING

CHILE DEBE DARSE UNA LEY DE LOBBY QUE REGULE Y CONTROLE LA ACTIVIDAD
Bien la ministra Matthei  no nos cabe duda de que sabrá hacer lo que mejor corresponda. Pero cuidado con las organizaciones sindicales  y gremiales  empresariales que obviamente buscarán defender lo suyo, lo que a ellos les interesa, que por cierto,  no está claro del todo.

En Chile,  falta nos hace una ley de LOBBY que regule esta actividad y así podremos saber cuando estamos ante una tráfico de influencias que suele confundirse con actividad del LOBBISTA.

Con el paso del tiempo el lobby se ha refinado y gracias a los nuevos medios de comunicación disponibles, a las nuevas tecnologías, se ha vuelto más sofisticado y complejo. En la actualidad los lobbystas dispone de medios y se sirve de nuevas formas de actuación que hace 20 o 30 años eran impensables. Esta evolución en la forma de actuar llevó al Presidente de los EEUU Bill Clinton, a promulgar la "Lobbying Disclosure Act en 1995 que estableció nuevos parámetros para encuadrar y controlar mejor la actividad de Lobbystas

Por lo tanto Chile debe darse una ley de Lobby en pro de la transparencia como elemento fundamental de la democracia y participación ciudadana.



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"Perú optó por evitar que Ecuador fuera a La Haya, y para lograrlo tuvo que debilitar su posición jurídica"

"Perú optó por evitar que Ecuador fuera a La Haya, y para lograrlo tuvo que debilitar su posición jurídica"


EDUARDO SEPÚLVEDA M.

Es paradójico (los supersticiosos pensarán que es una buena premonición) que el canciller Alfredo Moreno se enterara de los últimos acontecimientos relativos a la situación limítrofe de Chile cuando encabezaba, en el Vaticano, un homenaje a Juan Pablo II, pieza clave en la resolución del diferendo limítrofe entre Chile y Argentina a fines de los 70.

La noticia era que Perú se había dirigido a la ONU para aceptar la carta náutica que Ecuador entregó a esa entidad en marzo (si bien la había publicado en 2010), y en la que fija un paralelo como límite marítimo entre ambos países.

Su instinto le dijo al canciller Moreno que esta era una buena noticia para Chile. Luego lo confirmaría tras revisar los documentos intercambiados entre Ecuador y Perú, y después de hablar con autoridades ecuatorianas.

Sin embargo, declaraciones realizadas por personeros peruanos han generado confusión en algunos sectores del país, respecto de los verdaderos alcances de lo que ha ocurrido. En esta entrevista, Moreno analiza en detalle la situación y entrega antecedentes sobre lo que viene en el proceso.

-Ecuador estima que su acuerdo de frontera marítima con Perú ha sido una "victoria", ya que respeta íntegramente la línea del paralelo y su carta náutica presentada en la ONU. ¿Pero es una buena noticia para Chile, en circunstancias que no se mencionaron los tratados tripartitos de 1952 y 1954, que es justamente el foco discutido por Perú en La Haya?

"No hay ninguna duda de que esto es una victoria importante para Ecuador. Perú ha reconocido la totalidad de los elementos que Ecuador había señalado y que es el reconocimiento de su carta náutica y lo que le da origen a ésta, que son los tratados del 52 y el 54. También lo es para Chile, porque las posiciones de ambos países son exactamente las mismas: consideran que tienen estos tratados, de los años 52 y 54, que han establecido límites marítimos para los tres países y que han sido respetados por todos por más de 60 años y que ahora son reconocidos por Perú, para el caso de su frontera con Ecuador. Perú tendrá que explicar por qué, si consideraba que no había límites ni tratados, ahora acepta un límite con Ecuador que es exactamente el reflejo de los tratados de 1952 y 1954".

-Perú afirma que Chile interpretó erróneamente el acuerdo y que Ecuador convino un nuevo y único tratado de límites, distinto de los tratados de 1952 y 1954, que insiste en calificar como meros acuerdos pesqueros. ¿Cuál es la correcta interpretación?

"Los hechos son más fuertes que las palabras. El Presidente Correa de Ecuador invitó a Perú a señalar si estaba o no de acuerdo con la carta náutica y si no, que lo dijera, porque en tal caso Ecuador iría a La Haya y se haría parte del litigio con Chile, ya que Ecuador tenía el mismo punto de vista que sostenía nuestro país ante ese tribunal. Y lo que ha hecho Perú es aceptar la carta náutica y lo que ahí está establecido como límite".

-Perú también sostiene que la nueva situación de su frontera marítima norte nada tiene que ver con la línea equidistante que reclama a Chile en su frontera sur. Mientras el alegato chileno presumiblemente tratará de demostrar que el fundamento expreso de la carta náutica ecuatoriana fueron los tratados de 1952 y 1954, ¿qué será más importante para los jueces de La Haya?

"Lo que tienen que establecer los jueces de La Haya es si hay o no tratados y si éstos dan o no origen a los límites que estamos planteando. Aquí tenemos un caso en que Ecuador sostiene que existen esos tratados, que dan origen a un límite muy claro, todo en pleno acuerdo con Chile, ya que nuestro país estuvo de acuerdo con la carta náutica desde el día uno, y que luego de 13 meses que se han descrito como de arduas negociaciones, Perú ha reconocido la carta náutica".

-Ecuador guardó silencio por varios días ante la afirmación peruana de que se había firmado un nuevo tratado distinto a los del 52 y el 54. Pero rompió el silencio el viernes para precisar algunas afirmaciones de las autoridades peruanas. ¿Cómo interpreta esto?

"Ecuador ha sido siempre muy claro. No hay duda de que lo que plantea en su carta náutica, como está expresamente indicado en el mapa, se basa en los tratados del 52 y el 54. Lo que señala Perú en su misiva a la ONU es que acepta esa carta y que lo hace por el artículo cuarto de la declaración de Santiago, que es precisamente el tratado de 1952. De tal modo que los tratados están plenamente integrados a esto y las notas que se intercambian entre Perú y Ecuador son tal como señala la nota que se envía a la ONU, una parte integrante de esa aceptación".

-Sin embargo, esta semana varios personeros peruanos, incluyendo al Presidente Alan García, han dicho públicamente que este acuerdo con Ecuador favorece a Perú. Eso ha provocado confusión en algunos sectores...

"A medida que avanza el tiempo en este juicio, los argumentos se van confrontando y las opiniones se van teniendo que enfrentar a los hechos. Y uno puede tener distintas opiniones, pero no distintos hechos. Aquí los hechos son muy claros: Ecuador y Chile no han cambiado en nada sus puntos de vista; consideran que hay tratados vigentes que dan como límite el paralelo, que dan una determinada extensión, que son 200 millas desde las líneas de base y hoy tenemos a Perú aceptando plenamente eso. La teoría de Perú en este tema ha sido muy simple. Primero dijo que no había tratados; pues bien, si a su juicio no había tratados, entonces, decían ellos, debía trazarse una línea equidistante en la frontera y no utilizar el paralelo. Si eso es lo que pensaban, ¿por qué no le pidieron una línea equidistante a Ecuador como se la piden a Chile? Como se ve, las inconsistencias van quedando claras, el camino se va angostando. Perú tenía que optar: o enfrentaba también a Ecuador en La Haya o le encontraba razón a lo que estaba planteando y, desgraciadamente para Perú, eso es inconsistente con sus planteamientos anteriores".

-¿Es posible imaginar que Perú, cuyo servicio exterior goza de gran prestigio por su capacidad negociadora, haya cometido un grueso error en este tema?

"No, creo que esto no es un error. Lo que ocurre es que no había ninguna salida buena para Perú. Ellos optaron por evitar que Ecuador fuera a La Haya y para lograrlo tuvieron que adoptar una situación que debilita su posición jurídica. Eso es todo".

-¿Y no es malo para Chile que Ecuador no concurra a La Haya?

"Creo que no, porque la posición de Ecuador va a ser conocida por La Haya, donde se explicará cómo fue construida la carta náutica, que se realizó en base a los tratados del 52 y del 54. Recuerde que Ecuador fue notificado por La Haya, tribunal que le planteó que Chile y Perú tienen una controversia respecto de la interpretación de los tratados de 1952 y 1954: Uno lo entiende como tratado de límites y el otro como tratado pesquero. Y aquí no ha quedado duda de que Ecuador lo entiende como un tratado de límites. La novedad es que Ecuador le ha planteado esto a Perú, y ese país, ante la disyuntiva de que Ecuador concurriera a La Haya, ha reconocido la carta náutica".

-¿Por qué cree que esto ocurrió ahora?

"Tras 13 meses de negociaciones, el Presidente Correa le hizo presente a Perú que el tiempo se acababa. Ecuador puede hacerse parte en La Haya sólo hasta antes del inicio de la fase oral, que podría interpretarse que comienza al finalizar la fase escrita, que sería el 11 de julio, cuando vence el plazo para entregar los argumentos por escrito. Además, está próximo a cambiar el gobierno en Perú, y quizás a Ecuador le interesaba que este tema lo cerrara el gobierno actual, con quien ha tenido buenas relaciones. Así es que los temas políticos y los procesales en La Haya estaban llegando a su fin".

-¿Cuáles son los pasos que vienen ahora en este tema?

"Estamos trabajando en terminar el último documento escrito, denominado dúplica, que debemos entregar a principios de julio. A fines de mayo tendremos una reunión con todos nuestros abogados en París, en que revisaremos el primer borrador del texto, y la segunda versión.


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Presidente Piñera: Caso Kodama: "No descarto que existan ilícitos"

Caso Kodama: "No descarto que existan ilícitos"

El Presidente defiende la actitud asumida por su gobierno tras enterarse de lo ocurrido en la cartera de Vivienda; dice que aceptó la renuncia de la ex ministra Matte por estimar que ella cometió un error grave, y aborda otros tópicos de la agenda, como el caso bombas, HidroAysén y el acuerdo Perú- Ecuador.

por C. Bofill y J.D. Montalva
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La semana que termina estuvo llena de noticias para el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El lunes comenzó con un anuncio de alcances inciertos: Ecuador había llegado a un excelente acuerdo con Perú que termina con todos los pendientes limítrofes entre ambos países y que hizo a Quito retirar su presentación ante La Haya. Luego, a mediados de semana, el caso bombas parecía debilitarse tras la decisión de los jueces de garantía de conceder el arresto domiciliario a todos los inculpados. Al mismo tiempo, llegaba el momento del paso decisivo para la aprobación del proyecto de HidroAysén, que será votado entre mañana y el martes en medio de recriminaciones de grupos ambientalistas y sectores de la oposición. Con todos estos flancos abiertos, el Presidente Sebastián Piñera aceptó esta entrevista. Habían transcurrido sólo dos días desde que la encuesta Adimark mostrara la popularidad presidencial estancada en el 41%, con niveles de rechazo de 49%, tras 14 meses en el gobierno.

¿El caso Kodama afecta el diseño de la nueva forma de gobernar que usted prometió al país en la campaña?

Lo irregular y anómalo de este caso parte en el momento en que se adjudicó la licitación al oferente más caro de los tres que participaron. Este era un proyecto que debió estar listo en un año, pero por distintas deficiencias, imprevisiones y errores demoró cuatro años. Eso es lo que genera el reclamo de compensación de Kodama.

Luego de todo eso, terminamos en una transacción judicial que autoriza la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte. Ese fue un error de la ministra, que después rectifica al dar orden de no pago de los $ 17.000 millones y en una actitud de transparencia y consecuencia envía todos los antecedentes a la Contraloría y a la fiscalía para investigarlos en profundidad.

Hasta el momento, nuestro gobierno no le ha pagado un solo peso a Kodama y, por tanto, sin perjuicio del error de haber autorizado esa transacción, nuestro gobierno tomó todas las medidas para proteger y cuidar los recursos públicos propiedad de todos los chilenos.

¿Empezar por destacar las irregularidades en la concesión del 2006 no es tirar la responsabilidad hacia atrás, eludiendo los errores propios?

No, no eludimos nuestra responsabilidad y por eso he mencionado que la ex ministra de Vivienda no debió haber validado esa transacción judicial. Reconocí ese error de entrada. Pero también quiero mencionar que apenas se tomó conciencia del hecho, lo que el gobierno hizo fue suspender todo pago y entregar los antecedentes. A nuestro gobierno, lo que es nuestro; y al gobierno anterior, lo que es del gobierno anterior.

¿Descarta que existan sólo errores?

No lo descarto. Sé que hubo errores, porque cuando se validó la transacción con Kodama, ni la ministra ni el ministerio ni el Serviu tenían los antecedentes necesarios para fundamentar dicha decisión. No descarto otro tipo de irregularidades. Incluso, no descarto que existan ilícitos. Por esa razón, con mi pleno conocimiento y aprobación, la ministra entregó todos los antecedentes a la Contraloría y a la fiscalía.

Se ha dicho que frente a los nuevos antecedentes la renuncia de la ministra era más bien inevitable.

Yo acepté su renuncia por dos razones. En primer lugar, porque había cometido un error grave al firmar y autorizar una transacción por esa cantidad de recursos sin tener todos los antecedentes. Y en segundo lugar, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una tarea demasiado importante, que es entregar las viviendas que se destruyeron con el terremoto y las casas para las 600 mil familias chilenas que están esperando una solución habitacional. Por lo tanto, no queríamos que dicha repartición desviara su tarea fundamental.

¿Este caso revela problemas estructurales en el Estado?

Este caso no es comparable al caso MOP-Gate o al MOP-Ciade, que fue algo sistemático, permanente, conocido y tolerado. Este fue un error, en que la ministra reaccionó inmediatamente y en el que el gobierno está trabajando para corregirlo. Son dos casos y dos actitudes de gobierno muy distintas.

Sin perjuicio de esta distinción, considero que el Estado necesita una profunda modernización. Hemos estado trabajando intensamente en ese tema y espero que el día 21 de mayo demos a conocer la propuesta de modernización del Estado chileno. Nuestro Estado se construyó durante el siglo XIX, se parchó durante el XX y hoy no puede responder a las necesidades, estándares de calidad ni los desafíos del siglo XXI.

Pero todos los personajes involucrados en el caso Kodama fueron nombrados por esta administración. Puede haber un problema estructural del Estado, pero aquí fueron personeros de su coalición los que actuaron mal.

Por supuesto que las autoridades del Serviu fallaron y por eso les pedimos su renuncia. En mi opinión, también la ministra cometió un error y por eso aceptamos su dimisión.

Actualmente, en las encuestas el Presidente aparece estancado en un 41% de aprobación. ¿Usted está de acuerdo que eso le crea mayores problemas con la oposición y en su propia coalición? Cuando usted tuvo mayor popularidad, en el episodio de los mineros, había menos rebeliones internas en la Alianza y la oposición era más cauta. Esta semana enfrentamos un fuerte rechazo a votar los proyectos antes del 21 de mayo. ¿Hubiera ocurrido esto con los niveles de popularidad que tenía antes?

No lo sé. Por supuesto que preferiríamos tener niveles de apoyo mayores. Como Presidente, mi responsabilidad es hacer lo que Chile necesita según nuestro mejor criterio y convicción. Nosotros no estamos gobernando en función de las encuestas, y la mejor prueba de ello es que estamos tomando decisiones difíciles en muchos frentes, varias de las cuales sabemos que a corto plazo pueden ser impopulares. No hay nada más fácil que gobernar de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar, pero eso no hace un buen gobierno.

Pero hay medidas suyas que parecen ligadas a lograr popularidad: la decisión del 7%, el posnatal, sueldo ético. ¿Por qué eso no se traduce en popularidad?

Naturalmente que hay medidas en las cuales creemos con mucha fuerza y que eran parte de nuestro programa de gobierno. Si son populares, bienvenido sea. Pero la razón de tomarlas son porque creemos en ellas profundamente.

Le gustaría tener mayores índices de aprobación. ¿Se hace alguna autocrítica?

Estamos muy abiertos a la autocrítica. Pero habiendo tantos que dedican su vida a criticar al gobierno, les dejo a ellos esa tarea. Me gustaría agregar que los países para progresar necesitan buenos gobiernos, pero también necesitan buenas oposiciones. Esto fue lo que inspiró la democracia de los acuerdos de la cual yo fui parte en la década de los 90, y por eso yo quiero pedirle a la oposición de manera respetuosa, pero contundente, que no caiga en la tentación del obstruccionismo. He visto muchos síntomas de esto en los últimos días.

La Concertación dice que en "la democracia de los acuerdos" ellos iban al Congreso, negociaban el proyecto -usted mismo como senador de RN fue parte de esas negociaciones- y luego presentaban un proyecto de ley en común que se votaba. La queja es que ustedes envían el proyecto de ley sin incorporar nada de la Concertación.

Creo que el diagnóstico es equivocado. Nosotros conversamos mucho con la Concertación, y cuando enviamos los proyectos de ley estamos abiertos a modificarlos. Por ejemplo, el proyecto de ley de voto a los chilenos en el extranjero fue profundamente modificado, acogiendo muchos de los postulados. Al final, nos quedamos con la exigencia de haber estado en Chile cinco meses durante los últimos ocho años de su vida, o sea, un compromiso razonable. El proyecto inicial era distinto.

El país eligió un gobierno en base a un programa de gobierno. Siendo así, nosotros tenemos la obligación de ser leales y fieles a ese programa, tal como cuando el país eligió al gobierno de Aylwin y yo era senador. Nosotros, por supuesto que discutíamos y conversábamos, pero reconociendo el derecho del gobierno a llevar adelante su programa.

¿Usted ve más ordenada su coalición tras los episodios que la tensaron, como las divisiones en torno a Jacqueline van Rysselberghe?

No somos un ejemplo de regimiento ni un convento. Hay ruido, hay díscolos, hay discrepancia. Eso es bueno y natural. Pero en lo grueso, siento que la Coalición por el Cambio ha actuado con unidad, lealtad y apoyando con eficacia a nuestro gobierno.

Una cosa que siempre quedó dando vueltas en el aire, ¿le ofreció el Ministerio de Vivienda al senador Pablo Longueira?

Eso queda en la privacidad de nuestras conversaciones con el senador Longueira. Lo que sí puedo decirle es que como jefe de comité de los senadores de la UDI, junto al senador Andrés Chadwick, está cumpliendo una labor muy importante, no solamente en el Parlamento, sino que de apoyo al gobierno de la Coalición por el Cambio.

¿Qué piensa de la polémica por el caso bombas que habla de montaje?

Durante muchos años hubo decenas de bombas en nuestro país, hasta que un grupo de personas fue detenido. A partir de ese instante, el número de atentados disminuyó significativamente. La detención de todos ellos fue validada por un juez de garantía y, en las muchas oportunidades que fue apelada, fue ratificada por la Corte de Apelaciones.

Lo que hizo el gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue hacerse parte de la querella. El gobierno no puede ser indiferente a bombazos que arriesgan la vida de niños, mujeres e inocentes. Sería lamentable que el gobierno no hiciera nada y pensara que las bombas es un tema que no le compete.

Tal vez lo que aumentó la controversia es que el fiscal que llevaba la causa ingresó al gobierno. ¿Usted no cree que se debería reglamentar ese tipo de traspasos?

Estamos pensando una legislación en esa materia. Pero hoy día, la legislación chilena no establece ninguna incompatibilidad y el gobierno pensó que la experiencia de un fiscal que ejerció su cargo por ocho años, y no podía ser renovado en su puesto, podía ser muy útil como asesor en materia de seguridad. Sin embargo, aclaro que el proyecto que vamos a proponer no imposibilitará la incorporación de los fiscales a áreas de estudios, como es el caso del ex fiscal Alejandro Peña.

¿No considera grave la acusación de montaje?

Aquí no hay ningún montaje. Las personas pueden decir lo que quieran, pero no porque lo digan es verdad. Y si tienen algún antecedente de montaje, yo los invito de inmediato a presentar todos sus antecedentes a la justicia.

Los atentados de bomba existieron y son extremadamente graves, y cuando la justicia determina encausar o formalizar a ciertas personas, lo natural es que el gobierno trate de colaborar con la justicia. Quiero recordar que el que invocó la ley antiterrorista en este caso fue el fiscal Xavier Armendáriz durante el gobierno anterior. Aquí se dicen muchas cosas. Pero yo le aseguro que el gobierno no es parte de ningún montaje.

El lunes se vota HidroAysén y su gobierno ha dado señales de ser favorable al proyecto. ¿Cuál es su opinión respecto de las críticas?

La Corema de la Región de Aysén tiene que pronunciarse en virtud de la ley y de la institucionalidad, y lo va a hacer, seguramente, la próxima semana.

¿No va a ser mañana?

La sesión de la Corema está citada para mañana, pero es posible que haya debate. No tengo la certeza de que se vaya a aprobar o a rechazar mañana, porque eso corresponde a los seremis.

Si se aprueba el proyecto HidroAysén, es porque cumple 100% con toda la legislación medioambiental chilena. El proyecto que ingresó y el proyecto que eventualmente puede ser aprobado son totalmente distintos, porque decenas de agencias han planteado cientos de observaciones para mitigar los efectos dañinos y proteger mejor la naturaleza.

Chile tiene hoy una capacidad instalada de 13.000 MW. Si mantenemos nuestro ritmo de crecimiento al 6%, que es nuestra meta y compromiso, en 10 años más vamos a tener que duplicar la capacidad energética de nuestro de país y eso significa agregar otros 13.000 MW. Si no hay energía hidroeléctrica, entonces lo que va a haber serán más centrales a carbón.

¿No aprobar HidroAysén significaría un apagón?

No, lo que yo he dicho es que si no tomamos la decisión ahora y seguimos oponiéndonos a todo vamos a tener un problema serio en la segunda mitad de esta década. No tendríamos problemas en nuestro gobierno, porque el abastecimiento energético está relativamente garantizado la primera mitad de la década, el problema sería después.

No podemos negarnos a la energía nuclear, a la termoeléctrica y a la hidráulica, porque eso significa decir a todo no. Para nosotros, las energías limpias y renovables son fundamentales, pero hoy día representan el 3% de la matriz y queremos llevarla al 10%. Nosotros no vamos a seguir escondiendo la cabeza como el avestruz y postergando una y otra vez las decisiones. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

¿Considera indispensable HidroAysén?

Ningún proyecto es indispensable. Lo que sí es indispensable es pensar cuál es la mejor forma para que Chile pueda duplicar capacidad de generación de energía en los próximos 10 años. A eso está abocado nuestro gobierno y para eso tenemos una legislación ambiental.

Después de Fukushima usted dijo que ya no había condiciones para la energía nuclear.

Nuestro gobierno no va a construir ni decidir ninguna planta nuclear. Lo que sí estamos haciendo es aprender de la tecnología nuclear y de su institucionalidad para capacitar a nuestros técnicos. No debemos estar ausentes del debate.

Hay una discrepancia bastante grande entre la lectura que hace el gobierno chileno y la que hace el gobierno peruano sobre el acuerdo con Ecuador. ¿Cuál es su interpretación del pacto?

Por supuesto que existe esa discrepancia, pero yo apelo a los hechos objetivos. El día 2 de agosto del año pasado, Ecuador aprobó el Decreto Supremo 450 y presentó ante Naciones Unidas su carta náutica, que establecía que el límite era el paralelo, que el paralelo se iniciaba a partir de la línea de bases, no a partir de las islas, como sostiene Perú, y que se fundaba en los tratados firmados por Chile, Perú y Ecuador el año 1952 y 1954.

Dicha carta náutica dice textualmente: "De conformidad con el Decreto Ejecutivo 450, el límite marítimo Ecuador-Perú ha sido trazado en aplicación del paralelo geográfico del punto en que llega al mar la frontera terrestre entre Ecuador y Perú, como límite marítimo entre los dos países, de acuerdo con lo dispuesto en la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952 y en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima del 4 de diciembre de 1954".

Hace algunos días, Perú aceptó dicha carta presentada por Ecuador sin ninguna observación y, por tanto, la carta náutica, las notas reversales que han intercambiado Perú y Ecuador, son un todo único y orgánico. Perú aceptó la carta náutica que establece el paralelo tal como Chile lo ha sostenido siempre.

¿El Presidente Correa tiene la misma interpretación suya del acuerdo?

Ecuador y Chile, sistemática y permanentemente, durante 60 años, han sostenido que los tratados de 1952 y 1954 son tratados limítrofes, y que determinaron que el límite era el paralelo a partir de la línea de bases. Esa posición ha sido reiterada, coherente y compartida entre Ecuador y Chile. Fue compartida por Perú durante 50 años, pero hace poco giró y empezó a desconocer la naturaleza de tratado de límites de los acuerdos de 1952 y 1954. El Presidente Correa en muchas ocasiones me ha ratificado esa posición y Ecuador no ha modificado en nada su posición respecto del decreto 450.

¿Pero usted tuvo una conversación con Correa posterior a la firma del decreto en que le ratificó los mismos términos?

El Presidente Correa me ratificó que la posición de Ecuador no ha variado en nada, que es la misma que ha sostenido siempre. Es la misma que reiteramos en declaraciones conjuntas el año pasado, cuando señalamos que los tratados de 1952 y 1954 eran tratados limítrofes.

Entonces, ¿Ecuador no tiene que cambiar nada?

Es Perú el que va a tener que cambiar muchas cosas: su interpretación de la teoría de las islas, su interpretación de la línea equidistante y no del paralelo, su interpretación de la línea de bases y sus propias líneas de bases que aprobó por legislación interna para hacerlas coincidir con las que aceptó Ecuador.

En este tema puedo decirles que como Presidente de Chile y responsable de las relaciones internacionales, estamos haciendo todo lo debido y lo necesario para defender con plena y total eficacia la soberanía, el territorio y el mar chilenos.

Usted ha seguido la política de cuerdas separadas con Perú. Por un canal se cursa el diferendo en La Haya y por otro las relaciones políticas y comerciales. ¿Mantendrá esa estrategia con quien resulte elegido en los comicios del 5 de junio en ese país?

Cuando un país como Chile está convencido de tener la razón y el derecho de su parte, cuando los tratados internacionales y la práctica real y concreta de los últimos 50 años respaldan nuestra posición, no tenemos por qué cambiar ni estar inventando conflictos artificiales.

La demanda de Perú se hizo durante el gobierno anterior. Lo que ha hecho nuestro gobierno es defender con todas nuestras energías, fuerzas y recursos la posición chilena ante La Haya y, al mismo tiempo, no judicializar la relación con Perú para seguir avanzando en temas de interés mutuo, como la integración económica, energética, temas fronterizos y muchos otros más. Vamos a buscar las mejores relaciones con Perú, quien quiera sea el presidente democráticamente elegido por el pueblo peruano.


Fuente:

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
 
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