Luego de la apelación que el gobierno chileno realizó ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), después de que el organismo dio asilo político al ex FPMR Galvarino Apablaza, la UDI evalúa nuevas opciones para lograr su extradición en caso de que el recurso presentado por el Ejecutivo fracase.Antes de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) u otros arbitrajes internacional, según plantea un senador gremialista, está la opción de recurrir a los alcances y el arbitraje del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984, complementado en octubre de 2009 a través del Tratado de Maipú, firmado en Santiago por la ex Presidenta Michelle Bachelet y la mandataria argentina, Cristina Fernández.El acuerdo, entre otros puntos, aborda la búsqueda de disposiciones comunes sobre la extradición judicial y al momento de su presentación fue calificado como una herramienta para evitar que "al cruzar la frontera exista impunidad".Para ejercer esta acción, la UDI deberá solicitar que actúe el gobierno, pues el Ejecutivo es el único que puede recurrir a este recurso.La opción fue analizada a comienzos de octubre por la Dirección Jurídica de Cancillería, sin embargo, según evaluaron los diplomáticos, este mecanismo no asegura el éxito en las gestiones por la extradición y, por el contrario, generaría una tensión excesiva en las relaciones bilaterales.

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